Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, ha participado en el ciclo de conferencias "Calidad, Innovación y Eficiencia en la Salud" organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). En su intervención ha defendido el modelo sanitario gallego que, según él mismo define, está basado en la "Medicina 7P": preventiva, predictiva, proactiva, profesionalizada, participativa, personalizada y poblacional. En su discurso ha expuesto tanto el orgullo por los avances técnicos y asistenciales como sus críticas a la gestión del Gobierno central, reivindicando mayor autonomía y recursos para afrontar desafíos como el envejecimiento poblacional y la cronicidad.
Para Caamaño, Galicia es referente en vacunación —con el "calendario más completo del mundo"—, trasplantes (424 en 2024, con una tasa de 50,7 donantes por millón) y cribados neonatales (detección de 51 patologías frente a las 11 del SNS). Además, las listas de espera son "de las más bajas de España": 71 días para cirugía (50 menos que la media nacional) y 72 días para consultas (22 menos). En 2024, la comunidad superó por primera vez las 200.000 operaciones, con un incremento del 5,6%.
A partir de estas condiciones, Galicia aspira a ser "el gran polo de innovación sanitaria del país", con proyectos como el Centro de Protonterapia, que estará operativo en 2026 y será el primero integrado en la sanidad pública, el genotipado de 400.000 gallegos dentro del Proyecto Xenoma y la historia clínica electrónica IANUS 5, que permite "mejorar la continuidad asistencial". También ha señalado que el presupuesto sanitario para 2025 es de 5.458 millones, el 40% del total de la Xunta.
El consejero considera el principal problema la "falta de profesionales", un desafío que "precisa de una respuesta firme y ágil del Gobierno de España". Criticó la lentitud en homologar títulos de médicos extranjeros y la jubilación obligatoria a los 70 años. También arremetió contra las "polémicas artificiales" como la incertidumbre sobre MUFACE o la reforma del Estatuto Marco, asuntos para los que reclama "negociación y diálogo" con las comunidades autónomas.
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