Galicia, pionera en prohibir a menores las bebidas energéticas y los vapeadores

El Consello da Xunta ha aprobado el Proyecto de ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, que convertirá a Galicia en la primera comunidad autónoma en prohibir la venta y el consumo de vapeadores y bebidas energéticas a menores de edad. La norma será remitida ahora al Parlamento gallego con el objetivo, según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que "pueda ser aprobada antes de que finalice este año".

“Galicia va a ser la primera comunidad de España en la que se prohíba la venta y consumo de estos productos a los menores de edad”, destacó Rueda, quien subraya que con esta ley las “bebidas energéticas quedarán equiparadas al alcohol y los vapeadores al tabaco”.

La futura norma parte de un “enfoque integral y transversal”, en palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y abarca tanto adicciones con sustancias como sin sustancia, incluyendo también el uso problemático de tecnologías o el juego. El texto incorpora aportaciones de entidades sociales, organismos públicos y ciudadanía, y se articula sobre “la prevención, la promoción de la salud y el control de la oferta”.

Norma que parte de evidencias

La evidencia científica en la que se apoya el proyecto procede, entre otras fuentes, de la encuesta nacional ESTUDES del Ministerio de Sanidad. Según sus datos de 2023, “el 41,5 % de los adolescentes de 14 años ya probó alguna vez los vapeadores”, con una mayor incidencia entre las chicas (45,9 %) frente al 37 % de los chicos. “Puesto que los cigarros electrónicos contienen elementos tóxicos aún sin tener nicotina, el Proyecto de ley prohíbe su venta y consumo a menores”, recoge la nota oficial de la Xunta.

En cuanto a las bebidas energéticas, la Xunta advierte que aquellas que contienen 32 mg o más de cafeína por cada 100 ml y otros ingredientes estimulantes pueden alcanzar niveles equivalentes a tres cafés, lo que “se considera excesivo para menores”. La ley establece que los establecimientos “deberán situarlas en un espacio separado con respecto a los refrescos”, como medida de concienciación.

La norma también amplía la prohibición de fumar en los entornos de centros sensibles. Así, no estará permitido fumar en un radio de 50 metros de centros administrativos, educativos y sanitarios, ni tampoco en marquesinas de transporte público o piscinas de uso público, con el objetivo de reducir el número de fumadores pasivos.

Otro de los pilares del proyecto es el enfoque educativo y restaurativo. Las sanciones económicas previstas podrán “sustituirse por programas de cesación tabáquica o de concienciación sobre los perjuicios del consumo de alcohol”, o por trabajos en beneficio de la comunidad.

Asimismo, se intensificará la labor preventiva desde el sistema sanitario: en los controles de salud infantil a partir de los 12 años se incorporarán intervenciones específicas frente al consumo de alcohol, tabaco, cánnabis, bebidas energéticas y al uso problemático de tecnologías digitales.

A la vanguardia

Como señala el propio texto oficial, Galicia fue pionera en 2010 al regular el consumo de alcohol entre menores, y ahora vuelve a situarse en la vanguardia estatal con una norma valiente de salud pública que aspira a una protección integral de la infancia frente a adicciones cada vez más normalizadas.

Desde la Asomega esta iniciativa se recibe como una medida valiente, necesaria y ejemplar. Integrada en el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Asomega ha mostrado de forma reiterada su oposición a las nuevas formas de tabaquismo, como los vapeadores, en foros especializados y a través de su participación en planes de acción integrales.

Tanto en los congresos del CNPT, como el último celebrado en Valencia, o en sus reuniones estratégicas más recientes, como en sus propias publicaciones —incluida la información difundida con motivo del Día Galego Sen Tabaco—, la entidad ha advertido sobre el impacto creciente de estos productos entre la población juvenil. Por ello, valora que Galicia se coloque ahora a la cabeza de un cambio legislativo que prioriza la salud pública sobre los intereses comerciales.